Los insultos y descalificaciones hacia la flamante Ministra de Defensa, que en los últimos días se están produciendo en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia Católica, a cargo de su locutor de la mañana J. Losantos, nos debe llevar a una reflexión crítica sobre el actual ejercicio de la libertad de expresión y sus límites constitucionales. Como valoración general inicial, me parece un despropósito mayúsculo y muy grave que una institución tan seria y tradicional como la Iglesia Católica permita que ese ¿Señor? siga insultando públicamente a quien le apetece, en una estrategia permanente de tensión y crispación mediática (lleva años haciéndolo), que tan sólo puede conducir a la violencia y a la división entre españoles. Es más, incluso podría (y debería) dar lugar a que el Ministerio Fiscal actuara de oficio, pues la injuria y la calumnia están tipificadas como delito en nuestro Código Penal.
Pero, hagamos un poco de historia sobre el derecho de todo individuo a ejercer respetuosamente la libertad de expresión. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que todo individuo tiene derecho “a la libertad de opinión y de expresión”. Este derecho incluye el de “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas”. Asimismo, declara que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones legales con el fin de asegurar el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las exigencias del bienestar general en una sociedad democrática.
La libertad de expresión viene recogida en nuestro Constitución en su artículo 20, siendo uno de los derechos que dispone de más garantías jurídicas (recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, aplicabilidad directa, procedimientos sumarios en la jurisdicción, etc) de todo el texto constitucional. En el este precepto constitucional “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a la producción y creación literaria, científica y técnica”. También se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
Pero, el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado. La propia Constitución, en el mismo artículo, establece como límite el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Considero esencial esta delimitación constitucional, pues no es admisible confundir el ejercicio de la libertad de expresión con el insulto o la mentira. Se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás, y sobre todo, que sea cierto. Al respecto, en los primeros años del actual período constitucional se aprobó la Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
Estos límites constitucionales y legales deben tenerlos muy en cuenta sobre todo quienes ejercen responsabilidades públicas que conllevan un acceso fácil a los medios de difusión masiva (prensa, radio y televisión), y que por tanto puedan causar daños irreparables a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de ciudadanos y profesionales que no están en esa misma condición. El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la libertad de expresión con esa limitación, la de “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.
Finalmente, considero que el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión es un instrumento muy importante que tiene la ciudadanía (artículos en prensa, tribunas libres de opinión, cartas al director, foros de opinión, etc) para conseguir unas Administraciones Públicas cada vez más eficaces y cercanas al ciudadano, en la medida que es un medio para opinar públicamente sobre deficiencias y/o carencias que se puedan detectar, y lo que es más importante aún, para que el ciudadano pueda formular propuestas de mejora de los mismos. Pero en todo caso, que se trate de un ejercicio respetuoso con los derechos y la dignidad de los demás.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Abogado y está Doctorado en Derecho Público por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
El anterior ártículo es de Angel Puerto, Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
He querido incluir tambien la opinión de un ciudadano...
Saludos a Tod@s l@s Camer@s
He querido incluir tambien la opinión de un ciudadano...
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”.
Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Me preocupa enormemente el giro que va consumando la pseudoizquierda. No me hubiera creído que tendría la desgracia de ver de nuevo, como cuando era un crío, con Franco (me acuerdo como si fuera ayer de la indignación de mi padre y de mi hermano con los secuestros de Triunfo, o de Cuadernos para el Diálogo, o el Hermano Lobo), secuestrar una revista, y que sería con ZP. Estuve en Ferraz la noche del 14 M, me desgañité gritando "No nos falles" ¡Y cómo nos has fallado!
Alucino con la excusa para el secuestro, cuando en realidad lo que molesta es el contenido ideológico que pone de manifiesto el populismo barato de este gobierno, que empieza a darme auténtico asco. Nos pagarán por tener críos, ¿Ein volk, ein Fuhrer, ein Reich? Es absolutamente increíble. Triste, muy triste de ver que ya no me identifico con una ideología en la que el fin justifica los medios (para los terroristas, curiosamente también los justifica, ¿hasta dónde llegaremos?). ¡Qué ingenuo fui!
La izquierda se ha convertido en la ideología del no, de la represión, del pensamiento único, todo en aras del fin sacrosanto de lo políticamente correcto (que claramente es lo que se dicta desde Moncloa y de lo órganos del partido). Solo ha cambiado el remitente, pero de nuevo, lo que debemos pensar se retransmite al dictado desde lejos, y si una publicación nos molesta, se secuestra o se elimina. ¿Que nos queda ver? Prefiero no pensarlo. Yo me bajo de este tren. Hace una semana, un compañero, al que me gustaría considerar amigo algún día, mucho más sabio que yo, me dijo que hace años íbamos por la autopista de los derechos fundamentales y las libertades en un Mercedes quinientos, y hoy vamos en una bicicleta vieja con las ruedas desinfladas. ¡Ojo! El fin NO justifica los medios. Los medios son lo importante, lo que marca la diferencia, lo infranqueable, los fines cambian, y los dicta siempre un iluminado, ay de los que no nos iluminamos en la misma frecuencia, los medios, injustificables, acabarán arrasándonos. Si una publicación ofende, se la denuncia, se le instruye un procedimiento con todas las garantías, se celebra un juicio justo, y si se desvirtúa la presunción de inocencia, se le condena. Ese es el medio, en este caso, el fin se ha quedado fuera de foco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario